La procesada admite el cobro de 190 recibos bancarios de la cuenta de la víctima durante cinco años y devuelve el dinero para evitar la cárcel
26 MAY 2026 18:00
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a la presidenta de una comunidad de vecinos de Dénia por haber estado cobrando durante años recibos a una residente ya fallecida. La Fiscalía la acusaba de un delito continuado de estafa al valorar que la acusada sabía perfectamente que la vecina había muerto, a pesar de lo cual emitió hasta 190 recibos bancarios a sus cuentas durante cinco años. La procesada se ha declarado culpable en el juicio y ha aceptado una condena de nueve meses de prisión tras reconocer que estuvo cobrando los recibos a sabiendas de que la mujer había fallecido.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se prolongaron entre los años 2014 y 2019. Durante ese lustro, la acusada aprovechó su cargo y el acceso a los datos bancarios para emitir hasta 190 recibos contra la cuenta de la víctima. Por un lado, habría cobrado 10.000 euros transferidos directamente a una cuenta a nombre de la propia procesada; y por el otro, 69.400 euros más, que se desviaron a las cuentas de la comunidad de propietarios. En total, la cifra estafada ascendió a casi 79.400 euros, aprovechando que nadie se percató del movimiento de fondos en la cuenta de la mujer finada durante esos años.
Las penas
Aunque inicialmente la Fiscalía solicitaba una pena de dos años de cárcel, el juicio, celebrado este martes, se ha resuelto mediante un acuerdo de conformidad entre la defensa y la acusación. La procesada se ha declarado culpable de un delito continuado de estafa, lo que ha permitido rebajar la condena. Un acuerdo para el que ha sido clave que la acusada haya devuelto el dinero que le reclamaban.
La sala la ha condenado a una pena de nueve meses de cárcel, que le ha sido suspendida y por lo que no entrará en prisión bajo la condición de no volver a delinquir en los próximos dos años. A esta pena, se le añade otra multa de tres meses con una cuota diaria de cinco euros, por lo que asciende a un total de 450 euros. La acusada ya ha consignado y pagado la totalidad de los 79.400 euros reclamados, lo que ha servido para que el tribunal le aplique una atenuante de reparación del daño.
Al carecer de antecedentes y haber pagado la responsabilidad civil, la Audiencia ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena, por lo que la mujer no llegará a ingresar en el centro penitenciario siempre que no reincida. Al haberse cerrado con una conformidad, la sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.
La Nucia
Por otro lado, la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante tiene previsto juzgar esta misma semana otro caso con un patrón similar de aprovechamiento tras un deceso. En esta ocasión, un intermediario inmobiliario se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y medio de prisión por, presuntamente, engañar a los compradores de una vivienda en La Nucía.
Según el escrito de acusación, el procesado ocultó que los dueños de la casa habían fallecido y presentó documentación falsa para autorizar la venta. Los hechos se remontan a marzo de 2013, cuando el hombre habría aportado un contrato de gestión y un mandato de venta con las firmas falsificadas de los propietarios originales.
La Fiscalía sostiene que la operación se cerró por un importe de 100.000 euros. Para formalizar la escritura pública en junio de 2014, el acusado llegó a presentar un poder notarial falso. La trama se descubrió en 2015, cuando el administrador oficial de la herencia de los fallecidos reclamó judicialmente la nulidad de la compraventa, dejando a los compradores en una situación de total indefensión.
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